Luigi Ferrajoli

la introducción de la garantía de la rigidez de las constituciones, y nunca tematizada adecuadamente por la filosofía analítica de la ciencia del derecho.

Es posible que, por todas estas razones, toda teoría y toda doctrina jurídica terminen siempre por incluir también una política del derecho. Pero esto es lo que la ciencia jurídica siempre ha hecho y lo que en el Estado constitucional de derecho no puede no hacer. De lo que se trata es sólo de hacerlo abiertamente y de la manera más rigurosa y racionalmente controlada: persiguiendo -para repetir las palabras ya recordadas de Scarpelli- "la claridad y honestidad del intelecto gracias a la claridad y honestidad del discurso".

teoría, en otras palabras, tiene el deber de evidenciar, analizar y desarrollar el diseño teórico y normativo conforme al cual está construido el Estado constitucional de derecho. Y ésta, por otro lado, es una explicación ulterior de por qué una teoría axiomatizada es en tal caso posible y auspiciable,

Podemos de hecho hablar de una "lógica" del Estado de derecho, es decir, del objeto mismo de nuestro discurso teórico, mientras que no podemos hablar de una lógica de la naturaleza o de una lógica de la sociedad, ya que el objeto en cuestión es un universo lingüístico normativo, que es como lo proyectamos -y antes aún- lo pensamos, y cuya estructura es una estructura lógica de

constitucionalismo tomado en serio, en cuanto modelo normativo y proyección jurídica del derecho, le confiere en suma un nuevo papel a la ciencia jurídica y al conjunto de las metodologías analíticas. En cuanto sistema de principios dirigidos a vincular al legislador exige a la teoría del derecho un papel constructivo y proyectivo, esto es, la elaboración de modelos y técnicas de garantía dirigidas a dar efectividad a los principios constitucionales de los ordenamientos objeto de indagación y, por consiguiente, a remover las antinomias a través de procedimientos de invalidación o de abrogación, así como a colmar las lagunas mediante procedimientos de constricción. Y exige además un papel crítico y una responsabilidad cívica y política de la dogmática jurídica, requiriendo que el intérprete, sea juez o jurista, verifique a su vez las antinomias y lagunas concretas, promoviendo su superación mediante las garantías existentes o bien a través de la introducción de aquellas elaboradas por la teoría

6.1.Igualdad política, sistema electoral proporcional y compromiso parlamentario
Lamentablemente, hay algo que la actual difusión de los populismos, la personalización de los sistemas políticos y la tendencial transformación de muchas democracias en lo que Michelangelo Bovero ha llamado «autocracias electivas»29, han confirma

confirmado: la mejor garantía de los derechos políticos frente a degeneraciones autoritarias es la democracia parlamentaria, que en su forma más completa implica el sistema electoral proporcional, en virtud del cual los gobiernos y las mayorías se forman de manera transparente en el Parlamento, como frutos del debate y del compromiso parlamentario, y permanecen constantemente subordinados a la voluntad de las cámaras de las que el gobierno es expresión30. No es casual que, en Italia y en Alemania, democracia parlamentaria y sistema electoral proporcional fueran elegidos, tras la Liberación, para conjurar el peligro de nuevos suicidios de la democracia.

La primera y mejor condición de la representación política y de su refundación es, por eso, el sistema parlamentario, que implica, como condición de la primacía del Parlamento, el método electoral proporcional. En efecto, solo la democracia parlamentaria, representativa del pluralismo político gracias al sistema electoral proporcional, es capaz de asegurar la máxima actuación del proyecto constitucional de la igualdad y de la garantía de los derechos sociales y vitales de todos. Solo el método electoral proporcional, sin premios de mayoría ni barreras a las minorías, garantiza la igualdad del voto y la representación de todos, sin premiar ni perjudicar a ninguno.

El principal argumento, quizá el único, contra el sistema proporcional y a favor de los mayoritarios y verticalizados, sostenido en el debate político, es el de la «gobernabilidad»;

el caso del segundo modelo, que, ciertamente, no es el constitucional. Si luego, como ocurre en Italia y ahora ya en gran parte de los países occidentales, la mitad de los electores se abstiene de votar y la otra mitad se ve constreñida a votar al parti