Los banqueros describen la extracción que llevan a cabo del servicio de deuda como un coste necesario de producción, como si la economía no pudiera funcionar sin su asignación de recursos para decidir a quién se debe conceder crédito y a quién no. En realidad, los bancos empujan al endeudamiento a cualquiera que tenga una propiedad que pueda servir de garantía o una capacidad de ingreso que embargar. Su plan de negocios consiste en maximizar los reclamos financieros sobre los medios de producción, hasta alcanzar un punto límite donde los intereses absorben la totalidad del ingreso disponible —dejando a los deudores desempeñar el trabajo propio de la economía real—.
La ideología proacreedor representa el crédito como si enriqueciera tanto a los prestamistas como a los prestatarios, como si fuera un negocio justo en el que todo el mundo saliera ganando. Los prestatarios consienten en la financiarización de los bienes inmuebles, siempre y cuando crean que la compra de viviendas (o de títulos académicos) a crédito puede enriquecerlos. Están dispuestos a someterse a la austeridad, siempre y cuando la consideren una etapa intermedia y necesaria para reanudar el progreso económico. La realidad es que, lejos de ello, la austeridad profundiza su endeudamiento, al tiempo que agudiza el déficit presupuestario del Estado y lleva al Uno por ciento a plantear la exigencia de recortar los servicios sociales, empezando por las pensiones y la Seguridad Social.
Nota