A pesar de todo, el ministro de Justicia, Enrique Low Murtra, en enero de 1988 dictó orden de captura contra Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, El Mexicano para extraditarlos, aplicando un tratado anterior. Ésta era la declaración de guerra: a los pocos días fue asesinado el procurador general de la Nación y entre 1988 y 1990, Escobar y Rodríguez Gacha, como cabezas del cartel de Medellín, se lanzaron al terrorismo general: bombas en centros comerciales, la destrucción del edificio del Departamento de Seguridad del gobierno, DAS, la explosión de un avión comercial lleno de pasajeros, el asesinato de centenares de policías y de decenas de jueces y funcionarios públicos, fuera del exterminio de la Unión Patriótica.