Historia mínima de Colombia

caribes: estos grupos llegaron por el nororiente (provenientes del norte del continente, en Venezuela, o del mar Caribe), formados por tribus independientes pero afines: para los españoles los distinguía el uso de arcos y flechas envenenadas, el canibalismo y su carácter cruel y guerrero.

El país aumentó sus consumos y los sectores populares se llenaron de aparatos baratos, apoyados en una revaluación de la moneda y en la caída de precios de la industria china:

Sus promotores creían que, además de reducir el contrabando, disminuiría la inflación, permitiría a todos consumir productos hasta entonces propios de la clase media y alta —lavadoras, automóviles, televisores— y promovería las exportaciones, sobre todo mineras y petroleras.

La protección aduanera se redujo entre 1988 y 1992, cuando el país entró en la euforia de la nueva “apertura” al comercio internacional.

Los economistas atribuyeron los ritmos menores de crecimiento de los setenta y ochenta al agotamiento de este modelo, que defendía a productores ineficientes y que terminó creando tasas de desempleo de las más altas de América Latina.

Ese modelo se basó, sobre todo desde 1947, en una alta protección a industriales y grandes productores agrícolas de bienes de consumo interno, que importaban materias primas, abonos y maquinaria. Las devaluaciones posteriores a 1957 les sirvieron también de protección, sobre todo con el “diferencial cambiario” que les permitió tener dólares baratos. Los consumidores pagaban precios elevados para garantizar los ingresos de los grandes productores, con la idea de que esto aumentaría el empleo. Al mismo tiempo, el contrabando de productos de consumo creció y en casi todas las ciudades se formaron grandes barrios de comercio ilegal, los llamados “San Andresitos”.

Por otra parte, el gobierno de Gaviria acentuó el retorno al modelo liberal de comercio que había comenzado con López y que reemplazó el programa de sustitución de importaciones.

La Constitución creó también el marco para que parte de los recursos del Estado se orientara al pago de subsidios para reducir la desigualdad en el disfrute de derechos económicos y sociales, que abrieron la puerta a nuevas formas de clientelismo y corrupción, fuera de los tradicionales sectores de contratación en carreteras e infraestructura urbana, telecomunicaciones o nuevas tecnologías.

Mientras tanto, la Constitución trató de evitar la corrupción: prohibió la donación de recursos públicos a personas o instituciones privadas —los “auxilios parlamentarios”— y estableció un sistema redundante de controles que ponían a los funcionarios bajo la vigilancia administrativa, fiscal, penal y moral en principio firme de la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales.

En ciudades con grandes presupuestos, donde la violencia no llevó al control de la administración por los poderes armados, la corrupción también alcanzó niveles inesperados.