La práctica jurídico-administrativa pone de relieve la presencia habitual de formas de actuación administrativa basadas en la deliberación y concertación con grupos ciudadanos, cuyo propósito es alcanzar objetivos de interés público. A pesar de su importante desarrollo, estas actuaciones han tenido un escaso estudio por la doctrina colombiana debido a la ausencia de encaje con el sistema de actos jurídico-públicos tradicionales, lo que ha ameritado que la doctrina extranjera les otorgue el nombre de actuaciones informales. Este concepto ha sido ilustrado por Schmidt Assmann (1993a, pág. 29) como «situaciones de mixtura en las que unas veces algunos elementos característicos –como, por ejemplo, la voluntad de vincular o el ámbito de la regulación— resultan inciertos, mientras que en otras ocasiones plantean propiamente dificultades a la hora de clasificarlos dentro de las diversas formas disponibles»1.
El interés de este trabajo en el estudio de la actuación informal basada en procesos de concertación de la Administración con la ciudadanía se fundamenta en dos razones: primera, la revisión que de los fundamentos dogmáticos y de la doctrina de las formas jurídicas implica este tipo de actuaciones; y, segunda, la incorporación de nuevos modelos regulativos y de gobernanza pública que promueven la superación de la percepción tradicional de la separación Estado-sociedad, hacia un modelo de integración e interdependencia (distribución de responsabilidades) que contribuye a la legitimidad de los poderes públicos.
