El código del capital

En este capítulo ofrezco una perspectiva diferente sobre el uso de la forma societaria. Mostraré que se puede usar —y de hecho se usa— no solo para optimizar la asignación de riesgos y beneficios en la producción de bienes y servicios, sino que también puede ser transformada en una máquina de fabricar capital gracias a su capacidad para compartimentar activos y blindarlos detrás de una cadena de escudos corporativos que permiten acceder a deuda financiera a bajo coste y a arbitrajes fiscales y regulatorios.

La ley de sociedades puede hacer lo mismo y más. Puede ser empleada para compartimentar los activos y las operaciones de una entidad económicamente integrada, de tal manera que los costes de información se reducen, lo que a su vez reduce los costes de financiación de la deuda y minimiza los impuestos e incluso los costes regulatorios. De hecho, el derecho societario se usa cada vez más para maximizar los beneficios financieros; ya no es principalmente un vehículo legal para producir bienes u ofrecer servicios, sino que se ha transformado en una fábrica virtual de capital. Esto es especialmente así en el sector de los servicios financieros, pero prácticas similares son igualmente hegemónicas en el caso de las sociedades de la economía «real».

Todo esto nos lleva al problema del origen de los derechos de propiedad y de otros derechos legales, como los asociados al fideicomiso. Los derechos de propiedad no son algo dado; son «derechos adquiridos», tal como reconoció Adam Smith. «El gobierno civil y la propiedad dependen uno del otro. La preservación de la propiedad y la desigualdad de posesión forjaron esta dependencia, y la propiedad siempre cambia con la forma del gobierno»

El fideicomiso es una herramienta legal diseñada para proteger los activos y, como tal, sirve solo a los que tienen activos, es decir, a los ricos. No es sorprendente que sea un módulo crucial para la codificación del capital. A comienzos del siglo XIX, cuando la clase media se enriqueció, el fideicomiso se hizo más popular y los activos protegidos por el mismo se hicieron más variados. Junto con las propiedades rurales, los fideicomisos incluían normalmente carteras de propiedades urbanas, así como bonos de deuda pública y acciones de empresas.

Los estudios empíricos sugieren que, en las antiguas colonias, donde los europeos pudieron establecerse como colonos, se crearon derechos de propiedad que se parecían a las instituciones de las metrópolis para fomentar el desarrollo económico y la producción de riqueza privada. Por el contrario, en colonias en las que las enfermedades impedían que se estableciesen asentamientos europeos a gran escala, las potencias coloniales crearon instituciones diseñadas para la extracción de riqueza, lo que ponía a esos países en clara desventaja frente a las otras colonias.

El hecho de que Inglaterra adoptase estas reformas en Norteamérica en 1732 pero esperase hasta 1881 para implementarlas en su propia casa demuestra el papel de la ideología, y más aún de la economía política, en la codificación y decodificación del capital.

La Corona trataba de compensar los costes de la guerra con los beneficios de la colonización. Con esta finalidad, a menudo concluía tratados con los pueblos indígenas para demarcar el territorio que se les dejaba para gobernarse autónomamente. Temiendo la anarquía y el desorden derivados de disputas entre colonos y pueblos indígenas, algo que podría, a su vez, arrastrar a los soldados británicos a conflictos prolongados, en ocasiones prohibía a los colonos traspasar esas fronteras.

A comienzos del siglo XIX, un compendio de jurisprudencia concluía que «un propietario absoluto tiene poder para disponer de su finca a voluntad, sometido únicamente a las leyes del país».[104] Había nacido un nuevo concepto legal: los derechos absolutos a la propiedad privada.

Los terratenientes describían a los campesinos como alborotadores que se interponían en el camino de las nuevas prácticas de uso de la tierra, unas prácticas que prometían no solo mayores beneficios para ellos, sino, empleando una argumentación que aún hoy nos resulta familiar, prosperidad para todos.

En el derecho romano, un derecho de propiedad era considerado un derecho absoluto que incluía el derecho de uso, de posesión y de enajenación de un activo. No obstante, tras la conquista normanda, la práctica jurídica inglesa empezó a ignorar esos tratados. Durante dos siglos, desde 1290 hasta 1490, los términos «propiedad» y «titularidad» desaparecieron del vocabulario de las causas judiciales referidas a la tierra, aunque sí se seguían usando para los «bienes muebles», lo que incluía tanto bienes como animales.