Las empresas punteras, después de su inmersión en la tecnología, trabajan y se organizan de manera totalmente distinta. La Administración pública trabaja y se organiza exactamente igual, pero, eso sí, con sistemas modernos de interacción con la ciudadanía y, como mucho, reduciendo una parte de la producción en papel al formato digital. Esta realidad es muy preocupante y puede condicionar negativamente la implantación de la smartificación en el presente y en el futuro.
La smartificación de la Administración pública implica actualmente la utilización del big data con tres objetivos básicos: a) mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos; b) mejorar la inteligencia institucional para incrementar la capacidad en la toma de decisiones, de control y evaluación de las políticas públicas; y c) mejorar la inteligencia institucional para lograr mayor capacidad para ejercer el papel de dirección de las complejas redes de gobernanza públicas-públicas (administración nuclear versus administración instrumental: organismos autónomos, empresas públicas, consorcios y fundaciones) y públicas-privadas (colaboración con organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro). Solemos atender solo al primer objetivo cuando los otros dos son mucho más relevantes y permiten, además, maximizar una mejor y renovada atención al ciudadano. Es ya