Cada barco era inspeccionado, tanto por las autoridades civiles que rastreaban mercancía prohibida, como por representantes de la Inquisición que buscaban cualquier material impreso contrario a los preceptos y enseñanzas de la Iglesia católica. Ya en tierra, los impresores y vendedores de libros se encontraban bajo un constante escrutinio por parte de las autoridades. Bibliotecas públicas y privadas se sometían a la misma inspección. La Inquisición también estableció un sistema de denuncia de aquéllos que poseyeran, vendieran, intercambiaran o compartieran ideas y libros prohibidos por las autoridades.