Más de sesenta años de conflicto armado interno en Colombia han dejado su rastro en numerosos fondos documentales, públicos y privados, en el país y en el exterior, que ofrecen una buena base para acercarnos al conocimiento del pasado. Sin embargo, la existencia de estos archivos no es suficiente, pues, como lo ha planteado Eric Ketelaar (2010), “Los archivos [...] no son (o no deberían ser) un templo, sino un foro, un espacio público que permita memorias, narrativas, documentos en competencia e impugnados” (p. 420). En consecuencia, el acceso a la información contenida en esos acervos documentales es una condición necesaria para tramitar el pasado violento (Giraldo, 2018).