La deliberación pública constituye una forma de discernimiento que sostiene la dirección de la vida en comunidad. En una sociedad democrática, el ciudadano, la militante partidaria y el funcionario público son agentes potenciales en esta materia. Ellos requieren una comprensión lúcida de los asuntos de interés común sobre los cuales debaten —la pertinencia de ciertas normas e instituciones, la toma de decisiones de carácter público, la solicitud de cuentas a nuestras autoridades, entre otros asuntos—. Tal entendimiento implica hacer explícita la conexión entre los valores públicos que se busca poner en ejercicio y las situaciones que suceden en los espacios públicos.
A menudo, se afirma que la deliberación pública tiene como meta alcanzar consensos. Forjar acuerdos a través de la formulación y el contraste de argumentos constituye, ciertamente, la base de la toma de decisiones en materia política. No obstante, la expresión razonada de desacuerdos es también un objetivo democrático de gran valor. Emitir un juicio que disiente con el punto de vista de otros agentes —o que discrepa de la opinión mayoritaria— manifiesta una capacidad básica del ciudadano comprometido con el diálogo político, la cual entraña el derecho fundamental de expresar el pensamiento. En una democracia liberal, quien está en desacuerdo con la perspectiva mayoritaria es un compañero de ruta, un interlocutor válido en la conversación cívica, no un enemigo ni un hereje.
