En lugar de generar infraestructura común, o de funcionar como dinamizador de debates que permitan la construcción colectiva de criterios de valor cultural ciudadano, el Estado transfiere dinero a la población para que esta, “en igualdad de condiciones”, enfrente un mercado de bienes culturales supuestamente neutral. Pero la transferencia directa, cada vez más urgente en un contexto global de eliminación de puestos de trabajo por la automatización de la producción, es el grado cero de las políticas culturales