Arantxa Tirado

El Estado nunca puede estar por encima del conflicto social. En todo caso, el Estado expresa la relación social de dominación o de intento de emancipación, con todas sus contradicciones.

fue el 23 de enero de 2019, aniversario del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, cuando Juan Guaidó, un desconocido joven ingeniero presidente en ese momento de la opositora Asamblea Nacional en desacato, y miembro del partido Voluntad Popular, uno de los más ultraderechistas del espectro político venezolano y con sólo 14 escaños de los 167 de la Asamblea Nacional[29], se autoproclamó «presidente interino» de Venezuela (una figura inexistente en la Constitución) tras una marcha opositora.

El hecho podría resultar una anécdota graciosa si no fuera porque el presidente del país más poderoso del mundo decidió avalar su «Presidencia» con un tuit treinta minutos después de la «toma de posesión» de Guaidó.

la historia ha demostrado que la derecha sólo respeta sus propias reglas (pluripartidismo y elecciones) cuando está totalmente segura de que ganará las elecciones, o que las ganarán otros que seguirán gobernando de la misma manera. Si esto no ocurre así, entonces empiezan a desestabilizar a gobiernos y a dar golpes de Estado[2]

Los seis millones de venezolanos que votaron por Maduro en mayo de 2018 parecen no existir para esta oposición

Por primera vez en la historia venezolana, muchos jubilados pudieron cobrar una pensión, lo mismo que muchas amas de casa, pues se reconoció el trabajo doméstico como trabajo que debía recibir un pago.

a partir de 2013, año de la llegada de Nicolás Maduro al Gobierno, Venezuela dejó de tener financiamiento internacional equivalente a 22.000 millones de dólares por año.

a partir de 2013, año de la llegada de Nicolás Maduro al Gobierno, Venezuela dejó de tener financiamiento internacional equivalente a 22.000 millones de dólares por año.

Como consecuencia directa del boicot financiero y comercial los venezolanos perdieron entre 1,6 y 1,1 PIBs entre 2013 y 2017. Esto representa entre 350.000 y 245.000 millones de dólares acumulados desde 2013, es decir, entre 12.100 y 8.400 dólares per cápita»[32].

Se puede considerar la «Ley de defensa de Derechos Humanos y sociedad civil» de diciembre de 2014, posteriormente, en marzo de 2015, Orden Ejecutiva 13692, como el inicio del bloqueo.