Hernán Gómez Bruera

análisis de Fernando Nieto, especialista en administración pública de El Colegio de México, muestra que los sueldos en el sector público son en general más altos que en el sector privado. Entre 2000 y 2015, dice el estudioso, el sueldo medio en la burocracia fue casi cuatro veces más alto que en el sector privado. Además, para 2018 en algunos sectores económicos las percepciones a nivel gerencial (gerentes administrativos y de operaciones versus directores) podían ser bastante más competitivas en el sector público federal que en el privado. Según cálculos de Nieto, un director general en Cultura llegaba a ganar entonces casi 30 por ciento más que un gerente administrativo en Televisa y un director general en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) percibía 60 por ciento más que un director de operaciones en Pepsico (y el doble que en Bimbo).

La apertura de Los Pinos, con un terreno catorce veces más grande que el de la Casa Blanca, según anunciaban los folletos que se distribuían ese día a los visitantes, sirvió para apuntalar con un hecho tangible la narrativa de cambio que ha buscado construir la 4T. Se trataba de contarnos una historia nueva: la de un gobierno alejado de la frivolidad del poder, decidido a acortar la enorme distancia entre gobernantes y gobernados.

Porque, llevadas al extremo, la austeridad republicana y la estigmatización de los burócratas en todos los niveles (ya no sólo en las alturas) pueden conducir a la pérdida de capacidades estatales, a debilitar la capacidad de operación del gobierno y a fomentar una administración incompetente, incluso para ejecutar el propio presupuesto.

Esto hizo que, desde un comienzo, se criticara la forma apresurada en que se levantó el llamado Censo de Bienestar (que no fue realmente un censo, sino un levantamiento de necesidades, como se ha terminado por evidenciar), la falta de rigor en su metodología, las condiciones de opacidad en las que se llevó a cabo, y la ausencia de claridad en los objetivos y metas de algunos programas.

López Obrador incumplió su promesa de regresar a los militares a los cuarteles, formulada en sus dos últimas campañas electorales. En eso no hay margen de duda ni maroma posible porque esa frase, así como la explicación de que las tareas que llegasen a realizar siempre serían “bajo un mando civil”, fueron dichas no una, sino varias veces.

Efectivamente, la 4T heredó una situación muy grave de administraciones anteriores, pero el plazo para que el pasado sea una justificación está por agotarse; el reclamo ciudadano crece, la gente exige cada vez más resultados concretos y no se ven mejorías. La percepción negativa sobre el desempeño del gobierno en esta materia ha aumentado considerablemente,

Quizás el problema de fondo es que no hay una estrategia clara de combate a la inseguridad y la violencia generada por el crimen organizado.

falta un gran trecho en materia de ejecución para efectivamente regionalizar la presencia de la institución y hacerla operante y efectiva. Según el testimonio anónimo que recogí de uno de sus funcionarios, lo enunciado hasta ahora tiene mucho de simulación. Incluso “es falso que funcione ya cerca de la mitad de las coordinaciones territoriales”, revelaba la fuente en enero de 2021.

Aunque el combate a la inseguridad y la violencia requieren voluntad política, compromiso y sensibilidad social —elementos que no faltan a esta administración—, también exigen información de calidad, inteligencia y conocimiento que, lamentablemente, la 4T parece haber subestimado. A pesar de su habilidad política, Durazo llegó al puesto sin mayor conocimiento del tema.

Los cárteles tienen hoy gente muy preparada, algunos con alto nivel de especialización. ¿Cómo hacerles frente? En ese sentido, el conocimiento técnico sí importa y es necesario acompañarse de grupos más especializados y escucharlos realmente.